Gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios

Un total de 11 dependencias del país participaron en la desaparición de unos 192 millones de dólares que terminaron en empresas fantasma.

Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos (más de 428 millones de dólares) del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos (casi 192 millones de dólares) simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza -gobernador elector del Estado de México- al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente de la República, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

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