En México, tortura de detenidos es “habitual”; hay graves violaciones a derechos humanos: HRW

Human Rights Watch expuso las violaciones a los derechos humanos en los últimos años en México, entre ellas la tortura “habitual” a detenidos, desapariciones forzadas y casos de ejecuciones extrajudiciales, así como la persecución y agresiones contra periodistas.

En su informe mundial sobre los derechos humanos en el mundo, la organización señaló que “durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado”. Además de que “el gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

Reportó que “desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada“.

En agosto de 2017, se reportaron más de 32 mil desaparecidos.

“Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas”, anotó.

Lo anterior, a pesar de que “el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce”; dichas iniciativas “han tenido resultados limitados”, por ejemplo “en 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial. Sin embargo, sólo ha registrado avances limitados en la investigación y el juzgamiento de casos de desaparición forzada”.

Otro ejemplo: “En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y la Ciudad de México. La ley se promulgó en noviembre de 2017. A la fecha de redacción de este documento, todavía no se había implementado”.

En cuanto al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sostuvo que “las autoridades mexicanas no han logrado avances en la determinación de qué ocurrió” y “solamente uno de los estudiantes ha sido identificado positivamente entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes”. Además, “la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva tras las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado mediante acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Hasta ahora “más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros, pero los agentes del Ministerio Público no habían formulado acusaciones contra autoridades estatales ni federales ni contra miembros de las fuerzas armadas, pese a los indicios de que estarían implicados”.

Recordó que “en agosto de 2016, un informe interno de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones de Ayotzinapa determinó que los investigadores habían violado la ley y llevado a cabo detenciones arbitrarias y ejercido coacción contra presuntos implicados. El inspector general que redactó el informe afirmó que la PGR le pidió que renunciara poco después de haber presentado el informe a sus superiores. El informe fue reescrito, y la versión que finalmente publicó la PGR concluyó que sólo habían ocurrido unas pocas violaciones de baja gravedad”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, detalló que “en agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán. La CNDH concluyó que los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos, y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos trasladando cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas. A la fecha de redacción de este documento, ninguna persona había sido imputada y una investigación a nivel federal sobre los asesinatos en Tanhuato se encontraba en curso“.

Respecto a abusos militares, apuntó que han perpetrarado “violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, y hasta julio de 2016, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares”. 

Puso el ejemplo del caso Tlatlaya, “donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, nadie ha sido condenado. En mayo de 2016, un tribunal federal penal ordinario absolvió al último de ocho soldados imputados por homicidio. Sin embargo, en julio de 2017, un juez dispuso que la PGR investigara el caso en profundidad, incluida la responsabilidad de mandos militares y la manipulación de la escena del crimen. La PGR apeló la sentencia. A la fecha de redacción de este documento, la apelación se encontraba pendiente.

El informe agregó que “Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”.

También agrega que “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.

Otro punto que destaca es el hecho de que “numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de bandas delictivas. A causa de esto, es habitual que periodistas opten por la autocensura”. 

“Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que el 90 por ciento de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, incluyendo al 82 por ciento de los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones. Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado más de mil investigaciones sobre delitos contra periodistas. En octubre de 2017, había presentado cargos en 115 casos y obtuvo apenas 3 condenas”, explicó.

Y aborda el caso del espionaje a través de Pegasus: “Una investigación llevada a cabo en julio de 2017 por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, indicó que al menos 11 activistas de derechos humanos y periodistas (así como el hijo de 16 años de una periodista) y miembros del GIEI habían sido blancos de una campaña de espionaje llevada a cabo con un sofisticado software espía adquirido por el gobierno mexicano. También se vieron afectados un senador y dos altos miembros del principal partido de oposición. Los activistas afectados presentaron denuncias ante la PGR, que inició una investigación”.

Leer informe

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