Reclama China a México 600 mdd por cancelación del tren México-Querétaro

El gobierno de China reclama a México el pago de 600 millones de dólares por la cancelación del tren México-Querétaro, pues las autoridades “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”, dice el aviso de intención de iniciar el arbitraje.

La indemnización corresponde a 11 mil  294 millones 520 mil pesos, al tipo de cambio vigente el 21 de noviembre, según una investigación del periodista Sebastián Barragán, reportero de investigaciones especiales de Aristegui Noticias.

El reportaje detalla que tras la caída en las preferencias electorales, el entonces candidato Enrique Peña Nieto prometió la construcción del Tren México-Querétaro, imitando la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que planeaba conectar la ciudad de México con la frontera con un tren de alta velocidad.

Recuerda que el fallo de la licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014, dando como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.

Las tres compañías asiáticas que participaron en la licitación son propiedad del Estado chino.

Según un documento obtenido vía transparencia, China reclama la cancelación de la firma del contrato y de la segunda licitación que se lanzó en 2015.

El proceso de reclamo inició el 13 de octubre de 2015, cuando dos empresas chinas presentaron el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México.

El proceso se desarrolla al amparo del acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-China), firmado por ambos países el 11 de julio de 2008.

Según las empresas asiáticas, los actos de la SCT  “constituyeron una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación. Asimismo, consideraron que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”.

Al respecto, la Periodista Carmen Aristegui consideró

Con información de Aristegui Noticias

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